El EPRE seguirá siendo el encargado de concentrar los datos de los beneficiarios y remitirlos a la SINTyS. El Gobierno Provincial aportará la partida presupuestaria con rentas generales.

A partir de la resolución del Gobierno Nacional de eliminar la Tarifa Social Eléctrica y de la decisión del Gobierno de Entre Ríos de sostenerla en todo el territorio provincial, se reunieron hoy los actores involucrados en esta medida para definir su instrumentación.

Estuvieron presentes autoridades y representantes de la Secretaría de Energía de Entre Ríos, Enersa, el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), la Federación Argentina de Cooperativas Eléctrica (FACE) Regional Entre Ríos y Cooperativas Eléctricas Provinciales.

Cabe recordar que, a través de la Tarifa Eléctrica Social Nacional y hasta el pasado 31 de diciembre, se subsidiaba a los usuarios el 100% del precio mayorista de la energía para los primeros 300 kWh bimestrales de aquellos sectores más vulnerables, mientras que para los siguientes 300 kWh bimestrales el subsidio era del 50%. Hoy este beneficio seguirá vigente en Entre Ríos.

La implementación del beneficio no va a variar: el EPRE seguirá siendo el responsable de concentrar las declaraciones juradas de todas las distribuidoras eléctricas con la información de los beneficiarios y remitirlas a la Dirección Nacional SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social) para luego proceder a su aplicación.

“Somos conscientes del esfuerzo que representa esta decisión del Gobernador”, explicó el Secretario de Energía y Presidente de Enersa Jorge González. “Hoy hay muchas provincias que ya han manifestado públicamente que no van a seguir con esta medida. Sin embargo, nosotros ya hemos sido notificados por el Ministerio de Economía Provincial de que los costos para afrontar la tarifa social serán asumidos con rentas generales”.

“Recibimos gratamente la decisión del Gobernador de hacerse cargo de este beneficio”, manifestó el Titular Regional de la FACE, Carlos Ricciardi. “Para las cooperativas, es fundamental esta medida, dados los incrementos tarifarios de público conocimiento y la dificultad que tiene la gente para pagar. Esto sin dudas es un aliciente que, de no existir, habría representado una complicación para muchos usuarios”.

La suma estimada que representa este compromiso del Gobierno de Entre Ríos ronda los 50 millones de pesos mensuales.